Los países latinoamericanos han mostrado un gran consenso sobre la necesitad de proteger las aguas no territoriales, la llamada «alta mar», en las distintas rondas transcurridas para negociar un Tratado Internacional de los Océanos que concluyeron sin éxito la pasada madrugada en Nueva York.
Como destaca Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA) en declaraciones a Efe, los países de Centro y Sudamérica han dado suficientes «muestras de compromiso» para aumentar las áreas marinas protegidas y promover un uso sostenible de las aguas de alta mar.
Con toda su diversidad ecológica y cultural, la región se enfrenta al reto del nuevo tratado con unos problemas comunes: el primero de ellos, que no tienen acceso al caudal de datos e información que manejan los países más industrializados, a los que grupos ecologistas acusan de haber trabajado para rebajar la ambición del texto.
Un caso concreto es la producción de las «evaluaciones de impacto marítimo», inexistentes en Latinoamérica pero usuales en la Unión Europea (UE) o en Estados Unidos, y que el tratado pretende que se conviertan en herramientas necesarias para definir cualquier explotación de recursos marinos.
Otras resistencias, en este caso internas, proceden de los sectores pesqueros de los distintos países latinoamericanos: los gobiernos deberán hacer campañas informativas ante su población para demostrar que la protección del alta mar no va a suponer en modo alguno mermas en sus capturas; al contrario, podría redundar en una mayor productividad de las aguas costeras, insistió Martínez.
A este respecto, Martínez aclara que el Tratado de los Océanos no pretende de ningún modo interrumpir estas actividades necesarias, sino proveer de un «marco de gobernanza», una especie de mecanismo regulatorio transnacional que aporte una cierta armonía a la multitud de tratados que rigen por separado estas distintas industrias.
Es aquí donde AIDA puede aportar -como lo ha hecho en el pasado- asesoría a los distintos gobiernos latinoamericanos, en una región que anda un tanto retrasada en la regulación de sus espacios marinos, y esta asesoría tiene varios componentes: legal, técnico e incluso lingüístico, dado que la mayor parte de material disponible está en inglés y aún no en español.
«Confiamos en que la región latinoamericana estará representada en la siguiente etapa de forma comprometida como hasta ahora», concluyó Martínez, quien puso de relieve el papel de Costa Rica durante las negociaciones finalizadas ayer.
Fuente y Foto: efeverde.com